El posicionamiento se da en el contexto de la resolución que deberá emitir el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal en Puebla sobre el amparo directo 142/2025, relacionado con el caso de la joven que desapareció en octubre de 2017, cuando tenía 17 años, tras abordar el transporte público para dirigirse a su escuela.
De acuerdo con el pronunciamiento, en 2025 la familia logró que, en una instancia de apelación, se estableciera la responsabilidad penal por el delito de desaparición cometida por particulares, luego de que en una resolución de primera instancia el acusado había sido absuelto.
La Clínica Jurídica señaló que durante años la familia ha transitado por diversas etapas del sistema de justicia en Puebla en busca de que el caso sea investigado y procesado con debida diligencia y enfoque de derechos humanos, al tratarse de una desaparición que podría estar vinculada con el delito de trata de personas con fines de explotación sexual.
En ese sentido, el organismo académico hizo un llamado a las personas magistradas del tribunal federal a analizar el caso desde una revisión contextual de las desapariciones en el país, así como considerar la complejidad probatoria que caracteriza este tipo de delitos, particularmente cuando las personas responsables forman parte del entorno de confianza de la víctima.
Asimismo, recordó que en la resolución de apelación previa se consideraron elementos como la prueba circunstancial, peritajes en antropología social y psicosocial, así como análisis de contexto para sustentar la responsabilidad penal.
Finalmente, la Clínica Jurídica Minerva Calderón subrayó la obligación de todas las autoridades de investigar y sancionar las desapariciones cometidas contra niñas, niños y adolescentes, además de juzgar con perspectiva de género e interseccionalidad para garantizar el esclarecimiento de los hechos y la reparación integral de las víctimas indirectas.
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