Gobierno federal debe resolver problema de basureros en Puebla, dicen en Chiautla

Desde la junta auxiliar de Santo Tomás Chiautla, en la capital de Puebla, organizaciones ambientalistas, animalistas y vecinos señalaron que la crisis derivada del Relleno Sanitario de Chiltepeque rebasa la capacidad de los ayuntamientos y de los gobiernos estatales, por lo que demandaron una intervención directa de la administración federal para definir el manejo y el destino final de los residuos sólidos urbanos, así como las acciones de remediación ambiental.

En un pronunciamiento leído por el animalista, Darinell Keler, del colectivo Yo Seré su Voz, los denunciantes sostienen que el confinamiento sopera desde 1995 en Chiautla, territorio de un pueblo originario con presencia de mantos freáticos y humedales, y que fue elegido —según los declarantes— bajo una lógica de “racismo ambiental” para concentrar la disposición final de residuos.

Refieren que el proyecto inició como un esquema para atender exclusivamente los desechos generados en el municipio de Puebla, a partir de una concesión otorgada por el organismo operador de limpia municipal a la empresa Grupo APYCSA, S.A. de C.V., que posteriormente cambió su denominación a Rellenos Sanitarios RESA, S.A. de C.V..

Los firmantes afirman que, tras la clausura del basurero de Cholula en marzo de 2024, el relleno de Chiltepeque comenzó a recibir también residuos de municipios de la zona metropolitana, además de los generados en la capital. Según el pronunciamiento, la propia Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha documentado que al sitio ingresan alrededor de 2 mil toneladas diarias de desechos, incluyendo residuos de manejo especial y, presuntamente, residuos peligrosos e infecciosos, lo que —aseguran— contravendría los alcances del Manifiesto de Impacto Ambiental originalmente autorizado para el proyecto.

Uno de los ejes centrales del posicionamiento es el reclamo de que la Federación asuma un papel rector en la atención del problema. En su apartado dirigido a la Presidencia de la República, los colectivos argumentan que la experiencia en otros conflictos, como el de Tehuacán, evidencia “simulaciones” y falta de capacidad institucional a nivel municipal para ejecutar procesos de remediación, saneamiento y vigilancia ambiental. Por ello, exigen que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) catalogue a Chiltepeque como “pasivo ambiental”, de modo que sea el Gobierno federal el que encabece las tareas de remediación y saneamiento, por encima de las decisiones locales.

El pronunciamiento también describe el impacto por lixiviados y su posible arrastre hacia cauces y cuerpos de agua. Los declarantes afirman que han documentado escurrimientos que recorrerían alrededor de 15.2 kilómetros y alcanzarían la Laguna de Valsequillo, con afectación potencial a decenas de colonias y a pueblos originarios como San Francisco Totimehuacán, Santo Tomás Chautla y San Pedro Zacachimalpa. En ese contexto, solicitan que el caso sea considerado dentro del Plan Hídrico 2025, al sostener que el problema del relleno y del río Alseseca es parte del deterioro ambiental regional.

Como acción inmediata, informaron que presentaron una denuncia popular el 16 de enero de 2026 ante la autoridad ambiental federal, en la que solicitan la clausura total y definitiva del sitio; la extracción y traslado de residuos peligrosos a centros de confinamiento; estudios formales de daño ambiental; y un proyecto de saneamiento con sustento técnico.

El posicionamiento está suscrito por “Guardianes de la Vida – Santo Tomás Chautla”, el colectivo “Huella Verde”, “Yo Seré Tu Voz” y la “Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C.”.